Más que nada la constitución se trata de leyes sobre la naturaleza, es la carta magna que rige actualmente en México. Es el marco político y legal para la organización y relación del gobierno federal con los Estados de México, los ciudadanos y todas las personas que viven o visitan el país.
La
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 es la norma
fundamental o carta magna, establecida para regir jurídicamente al país,
fijando los límites y definiendo las relaciones entre los poderes de la
federación: poder legislativo, ejecutivo y judicial, entre los tres niveles
diferenciados del gobierno (el federal, estatal y municipal), y entre todos
aquellos y los ciudadanos; asimismo, establece las bases para el gobierno y
para la organización de las instituciones en que el poder se asienta; y
finalmente establece, en tanto que pacto social supremo de la sociedad
mexicana, los derechos y los deberes del pueblo.
Se
trata de una aportación de la tradición jurídica mexicana al constitucionalismo
universal, dado que fue la primera constitución de la historia que incluyó
muchos derechos sociales. Incluye nueve Títulos, que contienen 136 Artículos y
19 transitorios. El Primer Título y sus 38 artículos hablan acerca de los
Derechos Humanos, las garantías individuales, y la ciudadanía mexicana,
mientras que los siguientes 98 artículos definen la estructura del Estado
mexicano. Entre los cambios respecto de la Constitución de 1857, se encuentran
la eliminación de la reelección del Presidente de la República y la eliminación
también del cargo de vicepresidente.
A
pesar de contar con un marco legal que en papel protege al medio ambiente, en
México existe una brecha entre las leyes ambientales y la práctica. De hecho,
según los resultados del Índice de Estado de Derecho en México, la regulación
medioambiental es la que se aplica de forma menos efectiva en los estados del
país.
Un
ecosistema sano es un pilar de la sociedad y el soporte de la economía, y sin
este, no podríamos sobrevivir. México enfrenta desafíos como el cambio
climático, la contaminación del agua y el aire, y la pérdida de biodiversidad,
que amenazan su desarrollo, la salud pública de sus habitantes y la vitalidad
de sus ecosistemas. Para hacer frente a estas amenazas, México es uno de los
150 países que han adoptado el derecho a un medio ambiente sano en su
Constitución, pero esto no se ha traducido en medidas que aseguren su
protección efectiva.